EL CASO BRIAN

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“Mamá: los policías me recagaron a trompadas, yo no hice nada”
Por Lic. Marcelo de Biase
Antes de la saga mediática de Kitu, Brian fue el chivo expiatorio del asesinato del ingeniero Barrenechea. La liberación de este pibe de 17 años choca con el discurso del miedo que, sumado al negocio de la seguridad, apuran al gobierno bonaerense. Del meter bala de Ruckauf a las estrategias de segregación de largo aliento, donde los adolescentes permanecen detenidos por las dudas.
Tiene 17 años, es pobre, morocho y habita una villa miseria en Isidro Casanova. Hincha de Boca, alumno en la ESB N º 141, Brian es “inteligente, capaz, eficiente y confiable” según su maestra Nelly Baldano. Jugaba de 10 en la canchita del Güemes Juniors de Ciudad Evita. Cinco hermanos. La madre hace trabajo doméstico por hora. Una historia similar a la de otros 8 millones de pibes argentinos víctimas de una reingeniería social cuyas consecuencias se siguen padeciendo.

Desde el Centro de Recepción de Menores Pablo Nogués donde fue detenido luego de que la justicia lo incriminara por el homicidio de un vecino de la zona opulenta del Gran Buenos Aires, Brian se comunicó por teléfono con su mamá Fabiana y le confesó: “Mamá: los policías me recagaron a trompadas, yo no hice nada”. Pues como dijo una de sus maestras, la justicia de la provincia de Buenos Aires, presionada por los medios de comunicación, resolvió el caso encontrando "a un asesino", y no "al asesino" de Barrenechea.

Según su abogada, la Dra Florencia Arrietto, “hay una decisión política de mano dura velada, y no importa quién cae, nadie firmará la libertad de Brian aunque la causa se caiga”. Fabiana, su mamá, habló con la prensa: “De chico quería ser médico, pero últimamente decía que iba a ser policía”.

Reacciones
Diversos organismos de derechos humanos, a los que se sumaron SUTEBA y el Colegio de Abogados de Morón, reclamaron por su libertad. La Secretaría de Derechos Humanos de la CTA de La Matanza denuncio que "es un niño pobre, pero no queremos que sea un pobre niño. Está detenido sin causa. Se lo pretende imputar por ser pobre, niño y vivir en un barrio humilde".

La Comisión de Cuestiones Penitenciarias del Colegio de Abogados de Morón reclamó que "la Justicia y las fuerzas de Seguridad actúen en el marco de la ley" y reclamó la implementación de políticas efectivas de promoción y protección de los derechos, y que el Estado sea su garante”.

La CTA manifestó que Brian es el “culpable” que se necesitaba y que su situación se debe a su condición de pobre y villero.

La maquinaria
El 14 de noviembre el juez de San Isidro, Fernando Ribeiro Cardadeiro, procesó a Brian por el delito de "robo doblemente calificado", pero según la doctora Arrietto, "no pesa sobre él ninguna imputación por homicidio".

El joven, junto a otro chico llamado Jonathan, fueron detenidos por la policía bonaerense por declaraciones de un supuesto testigo de identidad reservada. Si bien el juez inició el procesamiento, no habría pruebas para justificar la detención. Según la abogada defensora, la causa tiene un alto contenido mediático y nadie firmará la libertad por temor al escándalo que esta medida suscitaría en los mismos medios que fabricaron el problema de la inseguridad.

El caso es una muestra de lo que le ocurre a muchos adolescentes en la provincia, y de cuál es el verdadero carácter de la política de niñez y seguridad del gobernador Daniel Scioli y sus funcionarios.

Es más importante mostrar efectividad a cualquier costo (humano) y hacia los medios, que fundar un sistema de atención a la niñez como corresponde, acorde con los principios democráticos, el respeto de los derechos humanos y la justicia social.

Hay en la provincia gran cantidad de adolescentes detenidos por la rémora del antiguo sistema del patronato y la vigencia de normas como el Decreto 22.278 y demás joyas que nos dejó la ultima dictadura.

Algunos de ellos, ya por mas de 4 años, a quienes no se le ha iniciado nada parecido a un juicio. Si se revisaran las causas penales seguidas a adolescentes no solo ameritarían la condena social a algunos jueces, sino que no seria necesario construir institutos de detención para lograr las vacantes tan ansiadas por Scioli para encerrar, encerrar, encerrar.

Del incivilizado meter bala, pasamos a estrategias de segregación de largo aliento, donde los adolescentes permanecen detenidos por las dudas y sin saber bien por qué, sin fundamentos jurídicos que justifiquen su encierro. ¿Qué efectividad o sentido reparador del daño podría tener una sanción penal si el supuesto acusado desconoce de que se lo acusa?

La edad es la cuestión
Si bien esto siempre pasó en la provincia, jamás se le ocurrió a ningún gobernante presentarlo tan claramente como una política de Estado. El único objetivo cierto de la propuesta de bajar la edad de imputabilidad para delitos graves es promover el encierro y la consecuente degradación de un sistema penal juvenil a la simple y sencilla construcción de jaulas.

La existencia de nuevas leyes, acordes con los principios de la Convención de los Derechos del Niño, parecería tener menos valor, para jueces y funcionarios, que los decretos heredados de la última dictadura.

A esto contribuyen varias causas que se aúnan en su efectividad: el concepto de justicia de los jueces de menores (no todos), asociado a los principios del autoritarismo y la arbitrariedad. y el bombardeo mediático sobre el tema.

No es el primero
Al caso Brian se le suman otros hechos recientes.

Uno es el amedrentamiento hacia grupos vinculados a la lucha por los derechos de los niños, como los sufridos por integrantes de la organización que dirige Alberto Morlacheti, son la avanzada de grupos que comen del pasto de la carencia de decisiones políticas de fondo y de estrambóticas propuestas de la gobernación bonaerense.

Otro, el suicidio de dos adolescentes en un centro de detención de La Matanza, un hecho que no debe aparecer en la crónica policial macabra, ni ser utilizado políticamente para limar a una gestión.

Quien cree ver en estos hechos un episodio de psicosis generalizada de los adolescentes detenidos, pifia de acá a la China.

Mejoras, no retrocesos
La aprobación de la ley 12.607 y posteriormente las 13.298 y 13.624, abrieron una luz de esperanza en los sectores sociales y políticos que clamaban por mas justicia y derechos para los pibes y las pibas de la provincia.

Los tratados de promoción y protección de derechos de la niñez a nivel internacional, que nuestro país ha ratificado, postulan la necesidad de dar respuestas diversas a las problemáticas que aquejan a los más chicos, poniendo especial énfasis en sus necesidades básicas y en la construcción de una ciudadanía plena.

Esto nos obliga a mirar la niñez desde una nueva perspectiva política, que supere las visiones tecnocráticas y jurídicas para dar paso a una concepción humanista, que aborde a la niñez en su integralidad.

En la provincia de Buenos Aires el debate ha retrocedido más de 10 años.

Otra mirada
La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Claudia Bernazza (FpV) solicitó la guarda de Brian en tanto se sustancie el juicio, bajo su responsabilidad y la de su esposo, quienes desde hace muchos años desarrollan una importante labor de contención afectiva y protección de niños y adolescentes victimas de situaciones sociales adversas. La iniciativa, loable y solidaria, pone sobre el tapete los mecanismos de protección y promoción que el Estado debe implementar sobre estas situaciones.

Si bien es necesario reconocer la actitud de Bernazza, lo cierto es que para Brian la única alternativa es la libertad y el regreso al seno familiar y comunitario. Si no hay pruebas consistentes para acusar al joven formalmente de un delito, el único lugar donde tendría que ir es a su casa mientras se investiga.

El dictado de la prisión preventiva de un adolescente debería ser un hecho excepcional y de último recurso, que debe estar fundada en criterios claros. No son ningún misterio las consecuencias del encierro en jóvenes de corta edad y el carácter iatrogénico que tiene para su desarrollo psicofísico, máxime cuando Brian es un adolescente escolarizado e inserto en actividades sociales y deportivas, como han declarado las maestras de su escuela.

Una de las posturas más nefastas al momento de abordar la problemática de la violencia juvenil, es la asociación directa y sin pausa de la pobreza con la criminalidad. Esto es funcional al discurso del gobernador y a las peores practicas policiales y judiciales, herederas de las concepciones que quieren ver en la protesta social y la desconfianza de los pobres hacia el Estado la incubación de una catarata de delitos que atentarían sobre la propiedad privada, los privilegios de los buenos ciudadanos y las encuestas de los gobernantes mediocres.

Al voleo
El resultado es la detención sin pruebas, al voleo. Esta práctica degradante y arbitraria constituye uno de los mecanismos de control punitivo más efectivo.

El consumo de la pauta mediática sobre las cuestiones relacionadas a la inseguridad nos pone en un grave desafío. El discurso del miedo, sumado al negocio de la seguridad, apuran a tomar decisiones desde el gobierno, que debería sancionar a las empresas de medios por el manejo que realizan de las noticias en las cuales los niños y los adolescentes son protagonistas de hechos policiales.

Ya hemos manifestado en este medio que no es grato ver por televisión en horario central una batalla campal entre emos y floggers, ni ver en vivo el suicidio de un represor rodeado por la gendarmería. Tampoco es grato descuartizar una vida, aunque se trate de niño acusado por la comisión de un delito.

¿Qué efectos tendrá en la vida de Brian y tantos adolescentes el trato que los medios dan a su persona?

¿Qué efectividad puede tener una política de seguridad cuando aquellos encargados de combatir el delito se ven involucrados en los mismos?

¿Qué tipo de políticas de seguridad serán efectivas cuando los jóvenes no solo le temen a la policía, sino que también la detestan?

Los hechos de violencia que tienen por protagonistas a los niños y adolescentes como victimarios nos obliga a los adultos a mirarnos a la cara, y a los responsables de las áreas del Estado a construir políticas que den respuestas de fondo.

El delito y la violencia no son hechos que afecten solo a la victima. El joven perpetrador de un hecho de esta naturaleza también sufre y padece, por lo que necesita un abordaje especifico que supere la propuesta represiva.